Comisionado de Transparencia y grupos proponen multas coercitivas
La transparencia en la gestión pública se ha convertido en un tema crucial en la actualidad, especialmente en contextos donde la confianza de la ciudadanía en las instituciones es necesaria. En este sentido, el reciente pronunciamiento del Comisionado de Transparencia de Castilla y León abre un debate importante sobre el cumplimiento de las resoluciones en materia de transparencia y la necesidad de sanciones efectivas para garantizar su aplicación.
Propuesta de ejecución forzosa y multas coercitivas
Durante una reciente sesión ante la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común, Tomás Quintana, Comisionado de Transparencia y Procurador del Común, abogó por la inclusión de un mecanismo de “ejecución forzosa” de las resoluciones emitidas por su órgano. La propuesta incluye la implementación de multas coercitivas como herramienta para asegurar el cumplimiento de estas decisiones.
Quintana destacó que, en ausencia de un marco legal que respalde estas acciones, las resoluciones solo pueden ser publicadas en la página web oficial y mencionadas en su memoria anual. Esto limita la efectividad de sus dictámenes, ya que carecen de la fuerza necesaria para obligar a las instituciones a actuar.
El comisionado urgió a los grupos parlamentarios a considerar esta propuesta en la próxima legislatura, señalando que la existencia de un régimen de ejecución forzosa podría aumentar la efectividad del sistema de transparencia en la región.
El estado actual de la transparencia en Castilla y León
En su memoria anual, Quintana reveló que solo el 69% de las resoluciones adoptadas en 2024 han sido cumplidas, una cifra inferior al 75% de cumplimiento registrado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a nivel estatal. Este bajo índice de cumplimiento resalta la urgencia de establecer mecanismos que aseguren la ejecución de los dictámenes.
- 69% de cumplimiento de resoluciones en 2024.
- 75% de cumplimiento por el Consejo de Transparencia estatal.
- Dos recursos judiciales interpuestos contra resoluciones.
La necesidad de más recursos
Quintana también expresó su preocupación por la falta de recursos, señalando que el Comisionado de Transparencia opera con medios limitados, a pesar de que la carga de trabajo ha crecido significativamente. En 2024, el número de resoluciones anuales alcanzó cerca de 500, reflejando una creciente necesidad de atención y recursos.
El comisionado indicó que hasta la fecha han recibido más de 750 reclamaciones en lo que va del año, lo que subraya la necesidad de mejorar los recursos humanos y materiales del organismo para poder gestionar eficientemente estas solicitudes.
Opiniones de los grupos parlamentarios
Los diversos grupos parlamentarios presentes en la sesión expresaron su apoyo a la propuesta de Quintana, aunque con diferentes matices. Pablo Trillo, del Partido Popular, consideró esencial que el Comisionado cuente con la “potestad” de ejecución forzosa, aunque defendió la calidad de la información proporcionada por las instituciones.
Por su parte, Luis Briones del PSOE argumentó que sin un aumento de recursos, el Comisionado carece de la autonomía necesaria para actuar con contundencia. Además, cuestionó la falta de mecanismos de sanción para quienes incumplen las resoluciones, enfatizando que la Junta es uno de los principales infractores.
El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, subrayó la necesidad de implementar medidas legales que obliguen a las instituciones a cumplir con los dictámenes, sugiriendo que el actual modelo se ha vuelto burocrático y poco efectivo. Propuso, por tanto, la creación de una ley que contemple un régimen sancionador.
La importancia de la ejecución forzosa
La ejecución forzosa de las resoluciones es una herramienta crítica para garantizar el cumplimiento de las normas de transparencia. En otras comunidades, como Navarra, este sistema ha demostrado ser efectivo, lo que invita a reflexionar sobre su implementación en Castilla y León. Para que la transparencia en la gestión pública sea efectiva, es vital que las instituciones estén obligadas a rendir cuentas.
Sin un marco legal que respalde la ejecución forzosa, las resoluciones se convierten en meras recomendaciones. Esto lleva a la percepción de que el Comisionado de Transparencia es solo un “tigre de papel”, como lo expresó Menéndez, donde se emiten muchas resoluciones pero sin la capacidad de hacerlas cumplir.
Actividad del Comisionado en 2024
En el año 2024, el Comisionado de Transparencia formuló 498 resoluciones, alcanzando el mayor número desde su creación. Estas se desglosan de la siguiente manera:
- 234 resoluciones estimatorias.
- 154 declaraciones de desaparición del objeto de reclamación.
- 13 desistimientos del reclamante.
- 43 resoluciones de inadmisión.
- 30 desestimatorias.
- 24 archivos por otras causas.
Además, se registró un aumento en la participación, con más del 81% de los sujetos a los que se les enviaron cuestionarios cumplimentándolos, lo que refleja un incremento en el interés por la transparencia.
Retos futuros para el Comisionado de Transparencia
A medida que el Comisionado de Transparencia avanza en su labor, se enfrenta a varios retos que deben ser abordados para garantizar la efectividad de su trabajo. Estos incluyen:
- Incrementar los recursos humanos y materiales disponibles.
- Implementar mecanismos de ejecución forzosa para las resoluciones.
- Aumentar la concienciación sobre la importancia de la transparencia en la gestión pública.
La necesidad de una revisión legal que permita la implementación de sanciones es crucial y debe ser una prioridad en la agenda legislativa. Solo así se podrá construir un sistema de transparencia que funcione de manera efectiva en beneficio de la ciudadanía.